Acción u omisión.

Palabras expresadas por el ministro de Defensa, general Jorge Mora, en su primera moción de censura impulsada nada más ni nada menos que por la bancada del Pacto Histórico. ¿Qué más se podía esperar de ellos? Cuando el ministro ni se ha podido sentar en su silla por las diferentes situaciones que vive el país.

Un terremoto intenso, incendios forestales, los acuerdos bilaterales con los EEUU, ataques con drones, cambio de cúpula militar y policía, empalmes regionales, una fuerza pública desfinanciada y poco respaldada por Petro, además de reorientar una nueva política para la seguridad y la defensa de los colombianos, fueron, entre otros, la bienvenida con que recibieron al gobierno y, por ende, al ministro.

La intención del Pacto Histórico es clara en la citación del ministro bajo la modalidad de la moción de censura: evaluar gestión, exigir responsabilidad, destituir del cargo o presionar renuncia. ¿Esta combinación de intenciones tiene lógica para un ministro y un gobierno que lleva un mes en el cargo?

Estoy de acuerdo con el ministro en la dicotomía a la que se enfrentan los militares y policías en Colombia, pues al ser juzgados no solo por políticos de la izquierda revolucionaria como los del Pacto Histórico, sino también por muchos ciudadanos que no comprenden la dinámica del conflicto interno que generan los grupos armados ilegales, los daños colaterales y las lamentables consecuencias cuando se enfrentan las armas ilegítimas y la fuerza del Estado en el ejercicio de la acción constitucional.

Aún más complicada la postura de las instituciones castrenses cuando reflejan omisión en las ciudades o el campo, precisamente por sus limitaciones logísticas y de personal, por falta de respaldo de su comandante supremo dado el caso de Gustavo Petro, por las hordas de delincuentes que se camuflaron presionando a muchos indígenas o campesinos en contra de los militares y policías o por la supuesta autonomía académica en las universidades que no permite el ingreso de la autoridad para enfrentar el vandalismo.

Pero aun por aquellos militares y policías que, teniendo los juramentos y las armas legítimas, se hagan los de la oreja sorda a la hora de actuar para defender a Colombia, ellos ya serían traidores de la patria.

Cierto, la fuerza pública se enfrenta a la “acción o la omisión” a la hora de ejercer el derecho a bombardear un campamento de las guerrillas o del narcotráfico, pero deberíamos hacernos las siguientes preguntas antes de criticar: ¿debe primar el bien particular o generar? ¿Hacemos cumplir la Constitución o damos paso al capricho de algunos jueces que se identifican con la izquierda revolucionaria y comunista? ¿Empoderamos otra vez a la fuerza pública para que nos defienda o la dejamos a merced del Pacto Histórico y los políticos corruptos?

Siempre será mejor una fuerza pública que actúe bajo el principio de la acción constitucional altamente profesional, garantizando la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el orden constitucional, y no la irresponsable omisión que nos deja en manos de los violentos.  

 “El camino puede ser difícil, pero con su ayuda lo podemos lograr” (Soy Ciudadano)