El saldo de los hechos de la barbarie en el municipio de Ataco, departamento del Tolima, fue: 13 soldados del Ejército heridos, 1 camión de la policía quemado, la soberanía nacional una vez más burlada y una fuerza pública en entredicho, durante las acciones operacionales de control territorial contra la minería ilegal.
Durante todo el gobierno de Gustavo Petro se ha
evidenciado esta repetida acción de la población en diferentes departamentos
donde existe presencia de las guerrillas, como Norte de Santander, Caquetá,
Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia y ahora Tolima. Las hordas mezcladas
entre supuestos campesinos, narcotraficantes, guerrillas y uno que otro
delincuente han hecho de las suyas, apedreando, disparando, incendiando y hasta
secuestrando a los soldados y policías por superioridad numérica.
¿Será la inocencia de los mandos que ordenan esas operaciones la que hace que se permita este abuso e irrespeto contra la fuerza
pública? ¿Será que llegaron al colmo de la ingenuidad? ¿Será miedo al
guerrillero presidente o a los bandidos que ejecutan las acciones delictivas? ¿O realmente
es miedo a que la “justicia” les abra un proceso por actuar de manera
procedimental frente a estas acciones policiales de forma inadecuada? Sería
imperdonable pensar que se les volvió costumbre que los pateen por donde
sabemos, o que verdaderamente no están preparados para enfrentar estas acciones
terroristas que requieren de respaldo jurídico, disposición política, equipamiento especial y participación internacional .
Se generan muchas dudas sobre la postura pública de
quienes tienen el mando y control de sus tropas. Pareciera que la vida de los
soldados fallecidos y heridos no les importara, como si los enviaran como carne
de cañón. O que realmente las estructuras armadas y delincuenciales les ganaron
la partida en el territorio nacional aplicando todas las formas de lucha.
Si están los helicópteros y aviones disponibles,
¿por qué no bombardearon primero las maquinarias, por que no se puede, no son objetivo militar o acaso va en contra de los DDHH? ¿Por qué no fueron los antimotines en masa y
evitaron las acciones contra la fuerza pública? ¿Por qué no realizaron una
operación candado y capturaron a los delincuentes oportunamente? ¿Por qué no hay
heridos de los delincuentes o muertos por atentar contra los militares y
policías? Estas preguntas y conjeturas se las hace la población frente a
semejante desfachatez en la que viven los colombianos por culpa de los bandidos
que actúan en masa, que según la última alocución de Petro, quien expresó sobre
la minería ilegal, son “simples bandas de narcotráfico”.
Si bien muchos sentimos un alivio por la salida de
Gustavo Petro del gobierno, también existe preocupación por la posible llegada
de Iván Cepeda al mismo cargo. Esta situación es aún más preocupante porque su
cercanía con los vendidos de las FARC y ELN ha sido evidente. Los genes
terroristas y subversivos que heredó de sus padres son inocultables. Además, su
paso lento y calculado en cada centímetro de su avance es peor que las
incongruencias y locuras de Petro.
Dadas estas condiciones, el futuro venidero de la
seguridad ciudadana y la soberanía nacional traslaparán a la impunidad total
para lograr una “paz” a la medida de las conveniencias ideológicas de la
izquierda y no a los intereses fundamentales del pueblo, como dice el título:
¿inocencia o indolencia? El tiempo lo dirá; por el momento parece que la
autoridad militar y policial no logra ejercer el control adecuado sobre la
minería ilegal que desbordo su actuar ilegal moviendo una billetera de millones y millones de dólares,
tratando de igualar internacionalmente a las drogas que salen de nuestro país.
“El camino puede ser difícil,
pero con su ayuda lo podemos lograr”.




¿La seguridad y el control territorial en Colombia en manos de quien esta?
ResponderEliminarLos grupos narcoterroristas, las guerrillas y la minería ilegal han desafiado la autoridad del Estado en varias regiones del país, generando temor, violencia y pérdida de control institucional.
La Fuerza Pública parece actuar con restricciones.
Las limitaciones políticas, jurídicas y operacionales impiden que militares y policías respondan con mayor contundencia frente a las acciones de los grupos ilegales.
Hay una fuerte crítica al gobierno de Gustavo Petro.
Las actuales políticas de seguridad y paz han debilitado la autoridad del Estado y favorecido el crecimiento de estructuras criminales en algunos territorios.
Existe incertidumbre sobre el futuro de la seguridad en Colombia.
Se percibe una sensación de impunidad donde muchos ciudadanos sienten que “ser bandido paga”, mientras quienes cumplen la ley enfrentan cada vez más dificultades.
El país enfrenta una crisis de autoridad y soberanía nacional.
El Estado está perdiendo capacidad de control en ciertas zonas del territorio, afectando la confianza ciudadana en las instituciones y en la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad.
Después de la Habana se perdió el control territorial, se refleja en el no remplazo de los dos planes 10.000 de SLP, de 1999 y 2000, lo cual perdió capacidad operacional, lo otro es la misionalidad, soldados cumpliendo tareas de la policía, y la policía bien gracias.
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