Contraloría, verdades a medias.

Si bien hay muchas verdades en el comunicado de la Contraloría General de la Nación a través de la dirección de estudios sectoriales, en su alerta del 13 de noviembre del 2025 sobre el tema fiscal y presupuestal del sector defensa en lo que se refiere a “gastos de pensiones de la fuerza pública”, que por cierto está mal el concepto porque solo los pensionados de planta del Ministerio de Defensa son los que reciben pensiones; los veteranos, que es 90 %, reciben una asignación de retiro que es diferente.

Importante y urgente alarma nacional, sobre todo en épocas electorales, sobre todo para justificar los millones y millones que reciben del grupo empresarial del sector defensa GSED, que solo la caja de retiro de las FFMM les paga 15 mil millones de pesos por cumplir su trabajo en lo que se conoce con la cuota de auditaje, situación que no se entiende; una entidad del Estado pagándole a otra del Estado por cumplir su misión, ¿no se supone que tiene su propio presupuesto de la nación?

Lo cierto es que entre CREMIL, CASUR y MD la cifra de personas con derecho a recibir una asignación de retiro o pensión es de más o menos 350 mil, que se la ganaron con mucho esfuerzo y sacrificio; tema de mucha profundidad dadas las realidades que han generado estas cifras, entre otras la falta de planeación, los grupos armados ilegales, la falta de seriedad por parte de los gobiernos en el tema de seguridad y defensa y la normatividad vigente que no se ajusta a la realidad, como quien dice “un gran nudo de anzuelos casi sin poder desenredar”.

Para entender un poco la temática, el tamaño del país es de 1.142.000 km², tiene 53 millones de ciudadanos y todos los agentes generadores de violencia (guerrillas, narcotráfico, la violencia, corrupción, paramilitarismo, entre otros). Ese panorama ha generado la necesidad de una fuerza pública robusta y fuerte que nunca ha llegado siquiera al 1% de la población y jamás ha alcanzado los estándares tecnológicos y armados para cubrir las necesidades del país al 100% en materia de seguridad.

La bien intencionada proyección del plan 10 mil de soldados profesionales como medida de choque necesaria en uno de los momentos críticos del país generó un significativo desbalance presupuestal en todo sentido para lo cual el país no estaba preparado; otro cuento estaríamos contando si no se hubiera tomado esta acción oportuna cuando las FARC tenían al país secuestrado de norte a sur y de oriente a occidente.

Como el tema de la seguridad se utiliza para las campañas políticas por los políticos para arrastrar votos, ni el ejecutivo, el legislativo y mucho menos el judicial, cuando logran llegar a sus cargos, han logrado proyectar y definir la temática de la fuerza pública, los veteranos y reservistas en Colombia en materia presupuestal, con periodos de más de 40 o 50 años adelante; todo son paños de agua tibia como el artículo 44 del decreto ley 4433 que orienta.

 “Constitución Fondo Especial.  Cuando el crecimiento anual del producto interno bruto, PIB, sea superior al cinco por ciento (5%), y la situación fiscal, la estabilidad macroeconómica y la disponibilidad de caja del Tesoro Nacional así lo permitan, la Nación aportará a la entidad que reconozca y pague las asignaciones de retiro del personal de que trata este decreto, un porcentaje del mayor recaudo tributario atribuible al incremento en la seguridad, según lo determine el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo destino será la constitución de reservas para el pago de las asignaciones de retiro. La ley”. Creo que jamás se cumplirá esta medida al paso en que vamos, y nuevamente por culpa del gobierno y el actuar terrorista que cada día se fortalece más.

Importante recordar que a los militares y policías, desde sus inicios en la carrera profesional que inician, les descuentan de sus haberes un porcentaje para abono a sus pensiones en el momento del retiro y, cuando están retirados, les descuentan para el funcionamiento de sus cajas pensionales; lógicamente, del 100 % del recurso que hoy alerta la contraloría, el 7 % lo colocan las cajas de retiro y el 93 %, el presupuesto de la nación. Hoy, los recursos del grupo empresarial son utilizados para funcionamiento de sus propias pagadurías o manejados por el gobierno, como en recientes casos vigentes, como en el gobierno Petro.  

Sí, la contraloría tiene razón y cada que llega un nuevo gobierno o la izquierda quiere presionar o se mira el presupuesto de la nación de manera crítica, siempre quieren abordar el tema presupuestal de los militares y policías como una carga y no como un derecho; lógico, se debe tomar medidas prudentes, inteligentes y apropiadas para no generar crisis en el más o menos 3 % de la población colombiana implicada en el tema.

La pregunta a la contraloría sería: ¿Por qué no le abren una investigación al máximo comandante de la fuerza pública por negligencia? ¿A los ministros de defensa, planeación y hacienda pública y, de paso, a la cúpula militar, que son quienes deben regulan estos factores presupuestales? No esperemos que pase una catástrofe de medidas impopulares con todos aquellos que se ganaron su pensión o asignación de retiro de forma sacrificada y heroica. 

“El camino puede ser difícil, pero con su ayuda lo podemos lograr”. “Soy ciudadano”.